Este documental cuenta de los mas recientes hechos atroces contra nuestra Comunidad y la población del entorno por parte de la fuerza publica ademas de la masacre del 21 de febrero de 2005.

Vídeo sobre la Comunidad de Paz de San Jose de Apartado, de su realidad y de su resistencia ante tanta injusticia.

Nuestros campos producen vida, generan aliento; cacao de nuestra Comunidad de Paz es exportado al exterior.

Bogotá, abril 26 de 2013

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Ciudad

Ref:

Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010

Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011

Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de dejar constancias ante la humanidad y la historia de los horrores a que es sometida en sus integrantes y en la población campesina de su entorno. Los hechos de los últimos días que entregamos al juicio de la historia son los siguientes:

El viernes 12 de abril de 2013, hacia las 17:00 horas, se presentó un nuevo combate en la vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, entre tropas del ejército nacional y guerrilleros de las FARC. Este cruce de disparos se mantuvo por cerca de una hora, colocando en grave riesgo a la población civil del entorno.

En tan solo 70 horas se han presentado dos muertes violentas en el corregimiento de San José de Apartado. Es necesario y es nuestra obligación con la historia, seguir registrando estas acciones de muerte, arbitrariedades, abusos y amenazas que se siguen presentando contra nuestro proceso, y la población del entorno, creemos que la constancia de estas podrá algún día llevar a que la humanidad haga justicia, los hechos que a continuación dejamos ante la humanidad y la historia son;

"...Estas amenazas coinciden con las declaraciones y señalamientos realizados por el actual Coronel LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO de la Brigada XVII y por HERNAN GIRALDO Comandante de la Séptima División del Ejercito Nacional...".

La Corte Constitucional, en su Auto 164/12, les ordenó a varias instituciones del Estado corregir y reparar graves violaciones contra nuestra Comunidad de Paz perpetradas en 16 años. Pero mientras el Gobierno prepara el acatamiento de algunas órdenes, sus agentes e instituciones siguen perpetrando crímenes. ¿Hasta cuándo? ¿Hay algo de coherencia en el Estado?

El país y la comunidad internacional han ido conociendo a través de muchas confesiones e informes lo que fue la estrategia del General Rito Alejo Del Río en la Brigada XVII a mediados y finales de los años 90, con el respaldo irrestricto del entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez: promoción de bases paramilitares, operaciones gigantescas de genocidio y desplazamientos masivos, concertación con las grandes empresas multinacionales que financiaban el paramilitarismo, exterminio de grupos, comunidades y organizaciones no sumisas a su estrategia. Algunos líderes del paramilitarismo de la región han confesado que encontraron apoyo total para continuar con esa estrategia en todos los comandantes que se sucedieron en la Brigada XVII.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz, se ve obligada a dejar nuevas constancias ante la humanidad de los hechos que ponen en evidencia la connivencia entre instituciones cómplices del estado con los paramilitares los cuales, amedrantan, siembran zozobra y terror contra nuestra comunidad y la población civil del entorno. Los últimos hechos son los siguientes:

·         El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas se presento un enfrentamiento armado en el casco urbano de San José. Nuevamente la población civil es coloca como escudo humano.

Como Comunidad de Paz de San José de Apartadó nuevamente nos vemos en la obligación de gritarle al país y al mundo las agresiones de que somos víctimas, ya que el Gobierno se comporta como “ciego” y “sordo” frente a nuestros clamores:

·         El miércoles 30 de enero de 2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se presentó nuevamente un combate en el centro urbano de San José de Apartadó. Al parecer fue un combate entre tropas del ejército allí acantonadas y alguna unidad de combatientes de las FARC, quedando en medio del fuego cruzado cuatro civiles, entre ellos un miembro de nuestra Comunidad de Paz quien en ese momento transitaba por allí. Tanto los militares como los policías presentes en el caserío disparaban indiscriminadamente en todas direcciones, colocando así en alto riesgo la seguridad de los pobladores y de las transeúntes. La vivienda de un miembro de nuestra Comunidad, en la cual se encontraban en ese momento niños y adultos, fue impactada por un proyectil proveniente de la base militar, viéndose obligados los moradores a buscar refugios. Una vez más se comprueba que los criterios emitidos repetidas veces por la Corte Constitucional sobre la ubicación de las bases militares y puestos de policía, exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en medio de la población civil, son criterios muy acertados que el Gobierno no ha querido acatar, por lo cual se hace responsable de todas las tragedias que su desobediencia a la Corte está causando.

"...La opinión expresada en el último oficio del Ministerio, según la cual todo operativo de la fuerza pública tiene componentes de inteligencia, es inaceptable por la imposibilidad de sustentarla, pero además nadie ha solicitado que se revelen los resultados de supuestas labores de inteligencia sino exclusivamente los nombres de quienes estaban presentes en sitios, horas y fechas en que fueron perpetrados crímenes o graves violaciones de derechos fundamentales..." "...Entiendo que si hay tareas de inteligencia ajustadas a la ley, ellas jamás pueden desarrollarse en concomitancia con crímenes de lesa humanidad o con violaciones graves de la Constitución y de la Ley, y en esos casos, alegar que había de por medio  ”labores de inteligencia” que ninguna instancia de la sociedad pueda verificar, constituye un encubrimiento del crimen y un perverso “encapuchamiento”, al peor estilo paramilitar, de agentes del Estado que posiblemente fueron responsables de los crímenes horrendos..."

Difícil entenderlo. Mientras varias instituciones del Estado comienzan a tomar medidas para acatar el Auto 164/12 de la Corte Constitucional, mediante el cual reconoce que la Sentencia T-1025 de 2007 en favor de nuestra Comunidad de Paz y en la cual esa alta corporación tomó medidas drásticas para intentar poner fin a los crímenes de lesa humanidad de agentes directos e indirectos del Estado contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población de nuestro entorno y para superar la escandalosa impunidad que los cobijaba, no habían surtido efecto, por lo cual ordenó ahora nuevas medidas perentorias, otras instituciones del Estado se empecinan en continuar la agresión criminal contra nuestra Comunidad de Paz, con desvergonzado cinismo y prepotencia, desafiando al “otro YO” de su Estado.